Por: Juan Iván ROGERS HARPER, CFE, CPA, Auditor Forense
La auditoria forense surge a raíz de una confluencia de factores adversos de origen social y contable que propician los actos de corrupción y fraude, que a su vez han surgido como una verdadera epidemia, afectando a personas, empresas y gobiernos; principalmente afectando la imagen, expectativas o percepción que el público en general tiene de los Contadores Públicos Autorizados.
Los actos de corrupción y los mayores casos de fraude nacen en el seno de la actividad privada. Tanto empresas como personas que son víctimas de ello, prefieren no poner en conocimiento de las autoridades tales flagelos principalmente por la mala publicidad e imagen que puede contravenir los objetivos y la proyección de sus negocios ante la comunidad, aparte de lo costoso y desgastador que resulta la disputa ante los tribunales.
La auditoria forense o auditoria del fraude debe ser dada a conocer a los auditores gubernamentales (auditores de la contraloría, auditores fiscales, auditores internos, entre otros), ya que la misma contribuye a un mejor control presupuestario y fiscal, obligando a los ciudadanos a que cumplan con sus obligaciones y a los gobernantes a que hagan uso eficiente de los recursos públicos puestos a su disposición.
La aplicación de la auditoria forense contribuiría en el gobierno a la transparencia y rendición de cuentas. Su propósito fundamental se divide en dos grandes áreas: La auditoria forense preventiva y disuasiva y La auditoria forense combativa enfocada hacia la confirmación y/o descarte de la ocurrencia de actos de corrupción y fraude en el sector público, ya sea aquellos descubiertos internamente o denunciados por otros.
En la auditoria forense preventiva y disuasiva se busca crear las instituciones y/o canales de coordinación para que se logre el conocimiento a tiempo de los actos de corrupción o fraude, así como implementar y fortalecer el programa de controles organizacionales e internos administrativos, operativos, presupuestarios, fiscales, contables y financieros en todas las instituciones.
En la auditoria forense combativa el auditor debe estar preparado para levantar un informe completo de auditoria especial forense, aportando las evidencias contundentes y admisibles en las corporaciones de justicias, emitiendo una opinión donde relaciona a las personas involucradas en un posible hecho punible, sin invenciones, sin utilizar la fuerza y sobre todo sin violar la constitución, leyes y normas.
Hay que actualizar y modificar las normas de auditoria gubernamental para adaptarlas a esta nueva disciplina del siglo XXI que lo constituye la auditoria forense antifraude, que debe ser encabezada por un contador público, entrenado en conceptos antifraudes, con el apoyo interdisciplinario de otros profesionales y/o especialistas (abogados, investigadores, informáticos, etc.) que aseguraran la calidad del trabajo.
Los pocos auditores con que cuenta el gobierno para fiscalizar hacen su trabajo de auditoria, pero la calidad del informe y principalmente las evidencias, adolecen de ciertas limitaciones que rebotan a favor de los posibles responsables ante las instancias regulativas, administrativas y/o procesales, contribuyendo a la percepción de impunidad que percibe la ciudadanía.
Clave será el desprendimiento que tenga el gobernante en facilitar los recursos necesarios para prevenir y combatir el fraude, así como coordinar con el resto de los poderes del estado y los sectores económicos del país, para eliminar y/o modificar las leyes ambiguas y/o permisivas, disminuir la discrecionalidad de algunas autoridades, hacer efectivos los entes reguladores y fomentar los valores cívicos y morales.
Fortalecer y dotar de recursos al sistema judicial es otro de los retos que encierra este problema. Los Magistrados, Jueces y Fiscales deben tener acceso al recurso especializado en el combate de esta epidemia social y contable, donde el crimen de cuello blanco cabalga por delante. Además de utilizar los auxiliares de la justicia, la auditoria forense resulta el modelo más efectivo en la prevención y combate del fraude.
De acuerdo a encuestas internacionales basadas en respuestas de casos atendidos por examinadores de fraude certificados, en el 2004, el fraude representó un golpe del 6% del ingreso o presupuesto bruto de las empresas y/o gobiernos. En otras palabras, el fraude es un negocio billonario que sólo se combate con recursos, educación y concientización desde los hogares, centros educativos, empresas y gobiernos.
Contadores Públicos, particulares, empresarios y políticos gobernantes han sido testigos a nivel mundial del efecto devastador que ha ocasionado la corrupción y el fraude, que le han arrebatado u obstaculizado por acción u omisión, su idoneidad, patrimonio y libertad. Por ello se hace necesario utilizar la auditoria forense como la nueva tendencia o modelo de auditoria gubernamental.
El autor es Examinador de Fraude Certificado y Contador Público Autorizado.